Logros de una gestión comprometida con un mejor servicio de justicia y mejores condiciones para quienes la imparten.
Durante su gestión cumplida como juez y como presidente de la Corte Suprema, y a pesar de las ingentes restricciones presupuestarias existentes, se llevó a cabo por parte del Tribunal que él presidia:
- La implementación y puesta en funcionamiento de la justicia oral en lo criminal y correccional federal en toda la República, proveyendo los recursos materiales y financieros para la actuación de los nuevos tribunales creados
- La habilitación y puesta en funcionamiento de la justicia federal de primera instancia de la seguridad social, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
- La implementación y puesta en funcionamiento de las secretarías de ejecuciones fiscales en la justicia federal del interior.
- La implementación y puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
- La incorporación de inmuebles en toda la República para asiento de las nuevas dependencias, al punto de extender la superficie de los edificios en doscientos mil metros cuadrados, incrementando en un 64 por ciento la superficie de 311 mil metros cuadrados existentes hasta el año 1990. Se destaca la incorporación de los edificios de Av. Comodoro Py 2002 y Av. de los Inmigrantes 1950, cuya superficie descomprimió el abarrotamiento de expedientes que existía y dotó de comodidades para que el personal se desempeñara en un ambiente digno y acorde a su tarea.
- El reescalafonamiento del personal administrativo, técnico, obrero y maestranza, así como un significativo incremento real de las remuneraciones de toda la planta del Poder Judicial, dejando de lado el vejatorio nivel existente en abril de 1990, que no satisfacía mínimamente los requerimientos del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
- El incremento de las retribuciones de los magistrados y funcionarios con respecto al paupérrimo estado existente para abril de 1990, hasta alcanzar montos razonablemente adecuados a las trascendentes responsabilidades originadas en el ejercicio de la función judicial. Para aquella época, un juez de primera instancia percibía una compensación equivalente a trescientos dólares estadounidenses, mientras que al mes de octubre de 1993, última retribución fijada por la Corte, alcanzaba la cantidad de cuatro mil quinientos de la moneda indicada.
- Vigencia del largamente anhelado régimen de autarquía financiera, como instrumento de significación para preservar la independencia del Poder Judicial.
- Vigencia del régimen indemnizatorio a favor de los magistrados, por la violación entre los años 1987 y 1990 de la intangibilidad de las remuneraciones garantizada por la Constitución Nacional, pagándose por tal concepto más de treinta mil pesos a cada magistrado afectado, equivalente para entonces a igual cantidad de dólares estadounidenses.
- Informatización prácticamente total de los tribunales nacionales y federales, de las dependencias administrativas de la Corte, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, llevada a cabo por contrataciones cuya licitud no han merecido observación alguna desde el punto de vista judicial o administrativo.
- Fortalecimiento de la auditoría interna del Poder Judicial, cuyas investigaciones han dado lugar a la remoción, mediante el procedimiento constitucional y legal previsto, de los magistrados involucrados en mal desempeño o en la comisión de delitos, así como de funcionarios que han cometido graves irregularidades.
- Presencia activa de la Corte Suprema como promotora de organizaciones internacionales que nuclean a los tribunales superiores y constitucionales de América e Iberoamérica.
- Firme ejercicio de los poderes implícitos de la Corte Suprema para preservar la independencia del Poder Judicial y los atributos de los magistrados que lo integran, frente a decretos del Poder Ejecutivo o leyes del Congreso de la Nación que afectaban dichos principios constitucionales.
- Vigencia de un régimen de excepción que, ante el silencio del Poder Legislativo frente a las medidas solicitadas por la Corte, permitió, aún con las demoras insuperables y gracias al exclusivo sacrificio de empleados, funcionarios y magistrados, la tramitación conjunta de más de 150.000 causas judiciales -originadas en el denominado “corralito financiero”- en el ámbito de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionamiento de una obra social con prestaciones de excelencia, que superan a todas las del sector público y se equipara a las empresas privadas de salud de primera línea. En el mismo sentido se construyó el edificio que hoy es la sede de la Obra Social del Poder Judicial, destacando que se hizo con fondos de la misma institución, lo que pone de relieve la eficacia y eficiencia en la administración de sus fondos. Este hecho constituye un hito en lo que respecta a todas las obras sociales del país, sin entrar en detalles de la calidad de los servicios que ella brinda a la totalidad de los empleados y funcionarios del Poder Judicial, sin distinción de categorías o jerarquías.
- Reordenamiento funcional en el área de las facultades de superintendencia del Tribunal, llevando a cabo una profunda reforma administrativa que incluyó la supresión de dependencias y la descentralización de la gestión a favor de las cámaras de apelaciones.
- Superación de la crítica situación que afectaba el normal funcionamiento de los tribunales frente a las medidas de fuerza adoptadas por las entidades sindicales que, sin afectar los derechos constitucionales reconocidos en el art. 14 bis, ha asegurado la debida atención en los tribunales de los justiciables durante todas las jornadas laborales, terminando así con el virtual estado de paralización en que se encontraba este Poder a raíz de las continuas medidas de fuerza que llevaba a cabo el personal